MÉXICO, D.F. (apro).- Wal-Mart de México pagó al menos 24 millones de
dólares para sobornar a funcionarios del país a fin de aumentar su
dominio en el mercado, reveló el periódico The New York Times.
De acuerdo con la agencia Notimex, la investigación del diario identificó a Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México, como fuerza motora detrás de los años de soborno, aunque apuntó que hubo cohechos ocasionales antes de su llegada a la empresa en 2002.
La cadena de corrupción incluía a alcaldes y concejales, planificadores, burócratas de bajo nivel y a todo aquel que pudiera significar un obstáculo en la expansión de la compañía, agrega el periódico.
Sin embargo, el texto no especifica nombres de funcionarios, entidades o localidades.
Sergio Cicero Zapata, exabogado de bienes raíces de Wal-Mart, fue quien presentó la denuncia y señaló que la firma usó los sobornos para facilitar cambios de zonas en los mapas e hizo desvanecer en cuestión de días objeciones ambientalistas, permisos que regularmente toman meses.
Con los pagos, de acuerdo con CNN Expansion, presuntamente se destrababan trámites, se obtenían permisos de construcción o se reducían las tarifas de impacto ambiental por la construcción de inmuebles.
Según Notimex, Cicero denunció que las prácticas de cohecho estimuladas por Castro-Wright eran parte de una estrategia expansiva de negocios, para construir cientos de nuevas tiendas tan rápido que sus competidores no tuvieran tiempo de reaccionar.
“El exejecutivo dio nombres, fechas y montos de los sobornos, él sabía mucho, explicó que por años fue el abogado a cargo de obtener los permisos de construcción para Wal-Mart de México”, señaló el diario.
La compañía, con sede en Bentonville, Arkansas, inició una investigación interna luego que Cicero Zapata informara en septiembre de 2005 sobre la campaña de cohechos para obtener permisos en virtualmente cada rincón del país.
El diario indicó que un investigador nombrado por Wal-Mart, exagente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), reportó sospechas razonables para creer que hubo violaciones tanto a las leyes mexicanas como a las estadunidenses.
La indagación del Times halló que los directivos de Wal-Mart en Estados Unidos cerraron el caso, sin notificar ni a las autoridades estadunidenses ni a las mexicanas, y en cambio, Castro-Wright fue promovido a vicepresidente de Wal-Mart en 2008.
El diario publicó que entrevistas y documentos muestran que los ejecutivos de la empresa sabían que la corrupción afectaría el precio de sus acciones si se daban a conocer, en parte al afectar la imagen de éxito de Wal-Mart de México, indicó CNN Expansión.
Como respuesta a la publicación, Wal-Mart indicó que muchas de las presuntas actividades mencionadas tienen más de seis años, y que, de ser ciertas, “no reflejan quienes somos ni lo que representamos”.
La empresa manifestó que está trabajando para determinar lo que haya sucedido.
Aseguró que el año pasado, a través del Comité de Auditoría de la Junta de Directores, inició una extensa investigación sobre el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA).
Manifestó que la investigación es hecha por asesores jurídicos y peritos contables judiciales externos, quienes informan periódicamente al Comité.
De acuerdo con la agencia Notimex, la investigación del diario identificó a Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México, como fuerza motora detrás de los años de soborno, aunque apuntó que hubo cohechos ocasionales antes de su llegada a la empresa en 2002.
La cadena de corrupción incluía a alcaldes y concejales, planificadores, burócratas de bajo nivel y a todo aquel que pudiera significar un obstáculo en la expansión de la compañía, agrega el periódico.
Sin embargo, el texto no especifica nombres de funcionarios, entidades o localidades.
Sergio Cicero Zapata, exabogado de bienes raíces de Wal-Mart, fue quien presentó la denuncia y señaló que la firma usó los sobornos para facilitar cambios de zonas en los mapas e hizo desvanecer en cuestión de días objeciones ambientalistas, permisos que regularmente toman meses.
Con los pagos, de acuerdo con CNN Expansion, presuntamente se destrababan trámites, se obtenían permisos de construcción o se reducían las tarifas de impacto ambiental por la construcción de inmuebles.
Según Notimex, Cicero denunció que las prácticas de cohecho estimuladas por Castro-Wright eran parte de una estrategia expansiva de negocios, para construir cientos de nuevas tiendas tan rápido que sus competidores no tuvieran tiempo de reaccionar.
“El exejecutivo dio nombres, fechas y montos de los sobornos, él sabía mucho, explicó que por años fue el abogado a cargo de obtener los permisos de construcción para Wal-Mart de México”, señaló el diario.
La compañía, con sede en Bentonville, Arkansas, inició una investigación interna luego que Cicero Zapata informara en septiembre de 2005 sobre la campaña de cohechos para obtener permisos en virtualmente cada rincón del país.
El diario indicó que un investigador nombrado por Wal-Mart, exagente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), reportó sospechas razonables para creer que hubo violaciones tanto a las leyes mexicanas como a las estadunidenses.
La indagación del Times halló que los directivos de Wal-Mart en Estados Unidos cerraron el caso, sin notificar ni a las autoridades estadunidenses ni a las mexicanas, y en cambio, Castro-Wright fue promovido a vicepresidente de Wal-Mart en 2008.
El diario publicó que entrevistas y documentos muestran que los ejecutivos de la empresa sabían que la corrupción afectaría el precio de sus acciones si se daban a conocer, en parte al afectar la imagen de éxito de Wal-Mart de México, indicó CNN Expansión.
Como respuesta a la publicación, Wal-Mart indicó que muchas de las presuntas actividades mencionadas tienen más de seis años, y que, de ser ciertas, “no reflejan quienes somos ni lo que representamos”.
La empresa manifestó que está trabajando para determinar lo que haya sucedido.
Aseguró que el año pasado, a través del Comité de Auditoría de la Junta de Directores, inició una extensa investigación sobre el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA).
Manifestó que la investigación es hecha por asesores jurídicos y peritos contables judiciales externos, quienes informan periódicamente al Comité.
